LNortes Julio 15th, 2009

Hace unos días el Gobierno hizo pública su decisión de no conceder la prórroga de operación a la central nuclear de Santa María de Garoña hasta 2019. En su lugar, aprobó fijar su cierre en 2013. Esta decisión tiene la particularidad de haber sido tomada desoyendo el dictamen – no vinculante – del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que abogaba por la prórroga de la actividad de Garoña hasta 2019. Este hecho retrata muy bien cuál es la situación de la política energética en España: no existe una política energética a medio y largo plazo, sino que toda decisión está supeditada a intereses políticos, que rara vez tienen una validez mayor a cuatro años.
Hay varias razones por las que creo que no hacer caso de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4170&Itemid=231&lang=es) es un error:

• Con el cierre anticipado, España está renunciando a una central que, a pesar de ser pequeña, genera electricidad durante la práctica totalidad de las horas del año (a diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías de generación, cuya contribución es muy inferior), a un coste muy bajo (lo que contribuye a reducir el precio final de la electricidad) y sin emitir CO2.

• La renuncia a capacidad de generación es especialmente peligrosa cuando el índice de cobertura del sistema eléctrico se está reduciendo y se prevé que la demanda de electricidad se incremente en un 27% entre 2008 y 2016. Es cierto que la demanda de electricidad se ha reducido en el último año en torno al 10% en el último año, pero a no ser que se pretenda continuar en crisis indefinidamente, la capacidad de generación de electricidad no debe reducirse, sino aumentar en España en los próximos años. De hecho, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 elaborada por la Secretaría General de la Energía del Ministerio de Industria prevé el incremento de la potencia nuclear instalada (mediante incremento de la potencia de centrales ya existentes), y no su reducción.

• Además, la decisión del Gobierno supone un paso más hacia el mantenimiento de la moratoria nuclear en España. ¿Hay algún plan para sustituir los casi 8000 MW de generación nuclear que suponen estas centrales a medida que se vaya agotando su periodo de operación y ningún gobierno se atreva a abordar el problema energético español a largo plazo? Ése es un problema al que tendremos que enfrentarnos en los próximos 5 años (entre 2010 y 2015 todas las centrales españolas deben renovar su permiso de operación). España debe plantearse de una vez por todas si debe continuar con la moratoria nuclear (lo que nos situará en una posición de dependencia con respecto a los avances que se están llevando a cabo con las nuevas generaciones de reactores nucleares en otros países) y, en caso de que se decida continuar con ella, se deben elaborar planes energéticos consistentes para sustituir las centrales nucleares en operación.

• Por otra parte, la decisión del gobierno contradice la opinión del CSN, que es el organismo técnico independiente responsable de evaluar la gestión nuclear en España. Esto, además de desacreditar gravemente al CSN, indica que, con independencia de los argumentos técnicos (y la seguridad medioambiental es uno de los principales argumentos técnicos) y económicos (y el efecto del precio de la electricidad afecta a la competitividad de una economía), los criterios políticos son los que prevalecen.

Pero, aunque todas ésas sean razones por las que creo que el cierre anticipado es un error, lo que me parece realmente grave no es que Santa María de Garoña sea cerrada en 2013, sino que este cierre es una prueba más de que en España no existe una política energética realmente despolitizada, sino todo lo contrario. La política energética en España no se planifica, sino que se improvisa (si no fuera así, ya se sabría qué va a suceder con todas las centrales nucleares cuya operación se debería prorrogar en los próximos 5 años, y se sabría también si, un vez agotadas las prórrogas, se van a construir nuevas centrales nucleares – hoy por hoy imprescindibles en el sistema eléctrico español –). Otra prueba de esta improvisación es el caso del almacén temporal de residuos nucleares (ATC), cuya construcción, tras casi cinco años de retraso, trata ahora de acelerar el Gobierno (http://www.larazon.es/noticia/el-retraso-del-almacen-nuclear-costara-88-millones). Este retraso implicará que España tenga que pagar en torno a 60000 euros al día a Francia durante entre cuatro y cinco años, a partir de diciembre de 2010, hasta que la obra esté concluida. ¿Es un olvido?

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Tags: Consejo de Seguridad Nuclear, Energía, Garoña, política energética

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